En su último mensaje a la nación, la presidenta del Perú, Dina Boluarte, optó por una narrativa defensiva y sin mea culpa. A lo largo de más de cuatro horas de discurso, desplazó la atención de los cuestionamientos sobre su gestión hacia una estrategia de victimización, aludiendo a una supuesta conspiración política que busca convertirla en “el chivo expiatorio” de la crisis institucional del país. Tal afirmación no solo elude responsabilidades concretas, sino que desplaza el foco del debate público.
La mandataria intentó blindarse atribuyendo las críticas a su figura presidencial y no a los hechos verificables que motivan las investigaciones y denuncias en su contra. En lugar de responder con claridad ante las acusaciones de corrupción y el saldo mortal de las protestas sociales, eligió agitar el espectro del caos institucional como única alternativa a su permanencia en el poder. Esta postura no solo desinforma, también desprecia el reclamo de justicia de las víctimas.
Boluarte improvisó frases como “traidores a la patria” para desacreditar a quienes piden una nueva constitución, y recurrió a ejemplos internacionales para justificar el temor a un “país fallido”. Tales afirmaciones, lejos de ser argumentos sólidos, refuerzan un relato polarizante y emocional, que busca dividir antes que convencer. La gravedad de sus palabras contrasta con la ausencia de propuestas concretas frente a los problemas estructurales del Perú.
Los gestos de rechazo en el Congreso no fueron una reacción partidista, sino una manifestación de hartazgo frente a la negación de responsabilidades. El uso político del miedo y el desprecio hacia las víctimas de la represión son señales preocupantes de un gobierno que evade su propia rendición de cuentas. El país exige algo más que retórica: verdad, justicia y acciones transparentes.
