El paro nacional convocado por la Federación de Estudiantes del Perú (FEP) en 16 regiones revela una preocupación que no debería pasar desapercibida: el estado de la educación pública universitaria.

Más allá de estar o no de acuerdo con la medida de fuerza, las demandas expuestas ponen sobre la mesa problemas reales como el presupuesto insuficiente, las limitaciones en servicios estudiantiles y el debate pendiente sobre una nueva Ley Universitaria. Ignorar esas inquietudes sería tan irresponsable como asumir que una paralización resolverá por sí sola los problemas estructurales.

Sin embargo, algunas de las exigencias planteadas van más allá del ámbito estrictamente educativo y se adentran en terrenos políticos e ideológicos que podrían restar consenso a una agenda que necesita respaldo amplio. Cuando un pliego mezcla reclamos académicos con posiciones sobre leyes forestales, persecución política o representación universitaria, surge el riesgo de que las demandas más urgentes para mejorar la calidad educativa pierdan fuerza frente a debates que dividen opiniones.

También preocupa el anuncio de una segunda etapa de movilizaciones dirigida al próximo gobierno. El mensaje es claro: existe una generación de estudiantes que siente que sus necesidades no han sido escuchadas. Pero cualquier futura protesta debería priorizar mecanismos de diálogo y propuestas concretas antes que escenarios de confrontación que terminen afectando a los propios alumnos, especialmente en universidades donde las clases perdidas difícilmente se recuperan en igualdad de condiciones.

La educación superior necesita reformas, inversión y una discusión seria sobre su futuro. Lo preocupante no es que los estudiantes protesten, sino que después de tantos años sigan encontrando las mismas razones para hacerlo. El reto para las próximas autoridades será escuchar esas demandas legítimas, separar lo urgente de lo ideológico y demostrar que la universidad pública puede mejorar sin convertir cada reclamo en una nueva batalla política.