El fallo del Tribunal Constitucional (TC) que archivó el proceso contra Keiko Fujimori por lavado de activos ha reconfigurado el panorama judicial. Ollanta Humala, condenado a 15 años de prisión por financiar irregularmente sus campañas de 2006 y 2011, considera que el precedente podría cambiar su suerte.
“(El TC) no lo hizo antes porque no hay una voluntad de hacer justicia con nosotros. Vivimos un acoso judicial desde el 2006; pero hoy, será jurídicamente imposible que el Poder Judicial pueda liberar a Fuerza Popular y mantener activo nuestro caso”, expresó. Y concluyó su mensaje con una promesa: “¡Vamos a pelear por nuestra libertad!”. Desde la prisión de Barbadillo, donde cumple su condena, reiteró que su proceso está marcado por un “acoso judicial desde 2006”.
El abogado de Humala, Wilfredo Pedraza, confirmó que la defensa invocará el criterio del TC en la apelación en curso. “La situación es exactamente la misma”, dijo, explicando que los fondos atribuidos provinieron de campañas realizadas antes de que la ley tipificara como delito los aportes de origen desconocido.
Pedraza recalcó que “la ley no puede aplicarse retroactivamente” y que el fallo constitucional fija un límite claro: los aportes privados anteriores a 2016 no constituyen lavado de activos si no se demuestra conocimiento del origen ilícito. “Lo probable es que el juez declare fundada la excepción de naturaleza de acción y el caso se archive”, sostuvo.
El abogado penalista Carlos Caro coincidió en que la sentencia del TC podría favorecer directamente a Humala. “El único caso con condena en primera instancia es el de Ollanta Humala, y esta resolución le favorece, porque será revisada por el Tribunal Superior”, señaló, anticipando un nuevo capítulo en la pugna judicial del exmandatario.
