Representantes de Juntos por el Perú (JPP) asumieron una serie de compromisos con gremios mineros durante una actividad realizada en Chala, entre ellos impulsar la derogación de una ley que fortalece las sanciones contra la minería ilegal y promover cambios normativos para el sector minero artesanal.
El sábado 30 de mayo, la candidata a la primera vicepresidencia de JPP, Analí Márquez, y el exfiscal José Domingo Pérez participaron en un encuentro con representantes de la macroregión sur. Durante la actividad, Márquez suscribió un documento en el que se plantea eliminar la Ley N.° 1695, norma promulgada en marzo de este año para reforzar la persecución penal de actividades vinculadas a la minería ilegal.
La legislación establece penas de entre seis y nueve años de prisión para quienes trafiquen insumos químicos, maquinaria o equipos destinados a esta actividad ilícita. Asimismo, incorpora sanciones para el comercio de recursos minerales provenientes de operaciones ilegales o fuera de los procesos de formalización minera.
Además de la derogación de la ley, el documento firmado contempla la realización de reformas legales para garantizar la continuidad de las actividades de la pequeña minería y la minería artesanal. Entre los compromisos asumidos figura la elaboración de una nueva norma que permita el desarrollo de estas actividades bajo estándares ambientales, de seguridad y salud ocupacional.
El acuerdo también incluye la creación de un marco normativo para regular la actividad de las mujeres seleccionadoras de mineral y medidas orientadas a enfrentar el acaparamiento y la especulación de concesiones mineras.
Un día antes, el candidato presidencial de JPP, Roberto Sánchez, había expresado públicamente su respaldo a la pequeña minería y minería artesanal. Asimismo, defendió la iniciativa legislativa que impulsó desde el Congreso para restringir la incautación policial de maquinaria y materiales utilizados por mineros en proceso de formalización, asegurando que dicha propuesta "no es procrimen".
Los compromisos asumidos en Chala han generado cuestionamientos debido a que incluyen la eliminación de una norma que endurece las sanciones contra actividades vinculadas a la minería ilegal, uno de los principales problemas que enfrentan diversas regiones del país.
